Prólogo del libro CAUVACA. EL PARAÍSO PERDIDO

Mucho se ha hablado de los beneficios que las grandes presas han supuesto para la sociedad: desarrollo económico, regadíos, energía eléctrica; sin embargo, poco se habla y se sabe sobre el precio pagado por los pueblos directa o indirectamente afectados por estas grandes obras.

Restos de acequia en Cauvaca

Restos de acequia en Cauvaca

            En el año 2000, la Comisión Mundial de Presas, tras dos años de trabajo, presentó en Londres su informe final, “Presas y desarrollo: un nuevo marco para la toma de decisiones”. La iniciativa había surgido del Banco Mundial, preocupado por el impacto sobre su imagen de las campañas internacionales contra las grandes presas que el propio Banco financiaba. El reto fue aceptado por Internacional Rivers, en representación de los afectados, constituyéndose una comisión, presidida por el Profesor Kader Asmal, por entonces Ministro de Medio Ambiente del Gobierno Sudafricano. La Comisión contó con la participación, tanto de gobiernos y empresas interesadas, como de las organizaciones críticas, cientos de expertos y decenas de universidades.

            En sus conclusiones, la Comisión certifica que los costes de estas grandes obras desbordaron sistemáticamente los presupuestos (un 56% en media y frecuentemente por encima del 100%), mientras los beneficios quedaron muy por debajo de lo previsto. Constata la ruina de pesquerías vitales en la alimentación de muchas comunidades ribereñas. Denuncia la injusta distribución de costes y beneficios, al cargarse los impactos sobre poblaciones y territorios empobrecidos, mientras los beneficios se concentran sobre regiones y sectores sociales más ricos y desarrollados… Pero sobre todo, llama la atención sobre los impactos de desarraigo, pobreza y vulnerabilidad derivados del desplazamiento forzado de millones de personas. La Comisión acaba reconociendo que, habiendo podido estimar con precisión los metros cúbicos que se pueden almacenar en las casi 50.000 grandes presas construidas a lo largo del siglo XX, se siente incapaz de precisar cuantas personas fueron obligadas a abandonar sus casas y pueblos, inundados por estos embalses; y ello a pesar de haber contado con la colaboración de los gobiernos. Aún así, al final, la Comisión se aventura a ofrecer la estimación de entre 40 y 80 millones de personas desplazadas por la inundación de sus pueblos. Tan desmesurada horquilla refleja la trágica y vergonzosa invisibilidad de los afectados; invisibilidad que deja en evidencia hasta qué punto ha sido irrelevante para los gobiernos y las grandes empresas implicadas, la tragedia de todos estos millones de personas.

            En España en particular, uno de los países del mundo con más infraestructura hidráulica por habitante y kilómetro cuadrado, aún disponiéndose de registros y archivos en la Confederaciones Hidrográficas, no conozco siquiera una tesis doctoral que haya estudiado la suerte de los miles de familias desplazadas a la fuerza por inundación de sus pueblos…

            Pero sobre todo, se han producido graves problemas de desvertebración social y cultural que hacen más vulnerables a los desplazados, especialmente cuando se trata de comunidades indígenas. La fuerte vinculación de estas comunidades al territorio y al río hace que tales desplazamientos conlleven graves problemas de hambre y de salud en escenarios de extrema pobreza y degradación social.

            Mequinenza, Fayón y otros pequeños lugares tal vez menos conocidos, como Cabo de Vaca o Cauvaca, junto a Caspe, son dolores cercanos de este hidrocausto silencioso y silenciado en nuestro Aragón. La protesta y el dolor se acallaron bajo la brutal amenaza omnipresente de la dictadura fascista de Franco. Pero más allá de la represión, aquí y allá, por todo el mundo, y más allá de regímenes autoritarios, la mordaza más eficaz fue sin duda la del consenso social que justificaba esas obras.

Grupo de escolares, en visita a la ermita de San Bartolomé (Cauvaca)

Grupo de escolares, en visita a la ermita de San Bartolomé (Cauvaca)

            Cuando he preguntado a los afectados, en cualquier lugar del mundo, sobre cómo fue el episodio que les echó de sus casas, siempre he recibido respuestas similares a las que escuché en mi familia ante preguntas en torno a la Guerra Civil: no se quiere hablar. Se intenta olvidar lo inolvidable, callando. Pero con el tiempo, y tras ganar su confianza, a veces llega el día en el que se deciden a contarte algo; pero en tal caso, antes, lloran. Y en muchos casos, al final, con los ojos aún húmedos, acaban sin embargo concluyendo que, seguramente, ese sacrificio era “inevitable y necesario para el progreso”. El progreso de otros, sin duda; pero en tales casos, ni siquiera la rabia y la rebeldía frente a la injusticia llegan a culminar ese dolor insuperable. Esa es y ha sido, sin duda, la mordaza más eficaz. La del consenso social con el que, durante décadas, hemos aplastado el llanto y dolor de quienes tuvieron que marchar y dejar todo por culpa de un pantano.

            Afortunadamente, los tiempos cambian y hoy ese consenso ya no silencia la injusticia ni el dolor de los afectados que, ahora si, defienden con uñas y dientes su derecho ser minoría desde sus pueblos, en sus valles; su derecho a existir y a vivir en su tierra, que fue la de sus antepasados y quieren que sea la de sus hijos.

            Y respecto a quienes ya nunca volverán a sus pueblos, borrados del mapa y hundidos bajo las aguas  de ese “maldito pantano” del que habla la Habanera Triste de la Ronda de Boltaña, la sociedad tenemos la deuda y la obligación del respeto y la empatía solidaria desde la memoria de esos pueblos que deben seguir viviendo en nuestros corazones y en nuestras conciencias. ¡Qué menos! 

Pedro Arrojo Agudo
Profesor Emérito del Departamento de Análisis Económico
Universidad de Zaragoza
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