En correspondencia a su relevante pasado, la Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo con la Constitución Española, se define en el artículo primero de su Estatuto de Autonomía como una nacionalidad histórica. Por eso, hoy los aragoneses contamos con una serie de claves de identidad, entre las que destacan sus propias instituciones. Esta semana en la que celebramos el día de nuestra Comunidad, vamos a conocer un poco mejor nuestro órgano ejecutivo: La Diputación General de Aragón (DGA) o Gobierno de Aragón.
Al igual que la Constitución Española crea y establece el funcionamiento de las instituciones del Estado, nuestro Estatuto de Autonomía de Aragón hace lo mismo con las instituciones de gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón. En su artículo 32 señala como instituciones: Las Cortes de Aragón, Gobierno o Diputación General, el Presidente y el Justicia de Aragón.
En atención a nuestra nacionalidad histórica, en Aragón no tenemos ni Parlamento, ni Asamblea, ni Junta, ni Generalidad, ni Defensor del Pueblo, tenemos instituciones propias; Cortes, Diputación y Justicia. Aunque, lógicamente, como instituciones representativas de una comunidad autónoma española, todas forman parte del marco constitucional actual, y se rigen por un sistema democrático basado en los principios de libertad, igualdad y justicia. De no ser así, no tendría sentido.
La Diputación General de Aragón es la heredera de la antigua Diputación General del Reino, una institución que tuvo un carácter fiscal en su origen pero que pronto se convirtió en un órgano de carácter político como representante y defensor de los intereses del Reino de Aragón, especialmente, en los periodos entre Cortes y en ausencia prolongada del rey.
La Diputación General fue creada por las Cortes de Zaragoza de 1364 para recaudar y administrar impuestos, especialmente, el de las “generalidades”, llamado así porque afectaba a todas las clases por igual, y que venía a ser un derecho de aduana. Al igual que las Cortes, era una institución de carácter medieval y respondía a los intereses de las clases privilegiadas. En realidad, una diputación era un órgano político formado por una comisión o corporación de autoridades (diputados) para llevar a cabo una labor determinada que, lógicamente, eran miembros de las élites de la sociedad.
Estaba compuesta por ocho diputados elegidos entre los distintos estamentos que formaban las Cortes: cuatro nobles, dos clérigos y dos ciudadanos. Su elección se realizaba mediante el sistema de la “insaculación”: los nombres de los pretendientes eran introducidos en bolas de cera e insaculados, es decir metidos en un saco, y un niño era el encargado se sacar al azar las bolas de los elegidos. El sistema parece justo, pero el hecho de que el candidato a ser insaculado tuviese que cumplir ciertos requisitos como no poder ejercer oficio mecánico, hacía que en la práctica el ejercicio del cargo de diputado estuviese siempre en manos de un puñado de familias.
La Diputación General del Reino contaba con un buen número de consejeros y oficiales a su cargo y tenía su sede y sus archivos en unas casas junto al Puente de Piedra de Zaragoza. Lamentablemente, todo se perdió en la Guerra de los Sitios. Entre las funciones principales estaba la conservación del derecho de las generalidades y también la vigilancia y protección de las mercancías que entraban y salían del Reino. Un labor que le llevó a asumir competencias relacionadas con el comercio: el fomento de infraestructuras viarias (caminos, puentes etc…), el mantenimiento de las redes comerciales, la vigilancia de la sanidad, o la seguridad ciudadana, llegando a disponer de un ejército propio denominado Guarda del Reino.
En la actualidad la Diputación General de Aragón (DGA) es la institución que lleva a cabo la función ejecutiva de nuestro autogobierno. Por lo tanto, es la encargada de llevar a efecto práctico el ejercicio de nuestra autonomía política. Todas las leyes que puede desarrollar Aragón y todas las competencias que puede asumir por parte del Estado, son puestas en marcha por la Diputación General de Aragón; por supuesto, siempre de acuerdo a las pautas del Estado de Derecho establecido por la Constitución Española y conforme a sus valores democráticos.
La Diputación General de Aragón fue creada en 1977, en el periodo de la preautonomía, por iniciativa de la Asamblea de Parlamentarios de Aragón y, posteriormente, se reconoció como institución propia en nuestro Estatuto de Autonomía para ejercer dicha función de gobierno en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Tiene su sede en el Zaragoza, en el Edificio Pignatelli, antigua Casa de Misericordia de la ciudad; un edificio enorme que fue restaurado y acondicionado en los años 80 para albergar este uso público.
Después de tres siglos sin poder tomar decisiones propias, Aragón ha recuperado su capacidad de autogobierno. Hoy, las instituciones aragonesas representan al pueblo aragonés y son elegidas democráticamente: Las Cortes de Aragón se eligen de forma directa mediante sufragio universal, libre y secreto. Después, de forma indirecta, son los representantes del pueblo elegidos en las Cortes (diputados) quienes eligen al Presidente de la Comunidad Autónoma que se pone al frente de la Diputación General de Aragón.
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